Revisión del Plan Regulador de Punta Arenas define futuro comercial de la ciudad
Cinco años después de la mesa “La Ciudad que Queremos”, actores públicos, privados y ciudadanos actualizan hoja de ruta urbana que determinará dónde invertir, qué sectores crecerán y cómo la planificación territorial impacta directamente la viabilidad de comercios y emprendimientos.
La planificación urbana no es tema abstracto para comerciantes y empresarios: define si un negocio prospera o quiebra según conectividad, flujo peatonal, zonificación y equipamiento. A cinco años del cierre de la mesa “Punta Arenas: la Ciudad que Queremos” —proceso que trazó visión compartida de desarrollo urbano entre 2019 y 2021— la comunidad se reunió para actualizar diagnóstico y proyectar próximos pasos en momento crítico: la elaboración del nuevo Plan Regulador Comunal (PRC).
Planificación obsoleta: riesgo para inversión privada
“Si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, corremos el riesgo de terminar con un plan regulador obsoleto en cinco o seis años”, advirtió Cristóbal Bascuñán, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Magallanes. Para pymes, esto significa incertidumbre: invertir en local comercial, ampliar infraestructura o desarrollar proyecto inmobiliario requiere certeza regulatoria de mediano plazo.
La advertencia no es menor. Las ciudades cambian según dinamismo económico, y un PRC rígido puede frenar oportunidades o, peor, validar inversiones en sectores que quedarán desconectados. “Es fundamental anticiparse. Como gremio queremos participar activamente aportando experiencia en planificación urbana con visión integradora”, agregó Bascuñán.
Inequidad urbana como barrera comercial
Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades, señaló que cerca de un tercio de la población puntera vive en zonas sin servicios adecuados o con equipamientos lejanos. Para comerciantes, esto significa mercados potenciales inaccesibles: sectores donde la demanda existe pero la infraestructura no permite operación rentable.
“Disminuir esa inequidad urbana requiere más que presupuesto o un buen plan regulador; son múltiples los factores que inciden”, explicó. Acceso vial, transporte público, servicios básicos y espacios públicos determinan si un barrio se consolida comercialmente o permanece aislado.
Corresponsabilidad público-privada en desarrollo territorial
“A veces se piensa que la ciudad es un rol del Estado, pero es todo lo contrario: es un rol compartido”, enfatizó Andrade. Para pymes, esta corresponsabilidad significa oportunidad de incidir: participar en procesos de consulta, aportar visión desde experiencia comercial concreta y asegurar que zonificación refleje realidad económica, no solo proyecciones técnicas.
La instancia reunió a Ángela Salazar (asesora urbanista municipal), Alex Saldivia (director DOM), Isabel Salazar (Minvu Magallanes) y César Alvial (Colegio de Arquitectos), permitiendo diálogo entre quienes toman decisiones regulatorias y quienes las viven cotidianamente en sus negocios.
Lecciones del proceso anterior: demandas ciudadanas, no caprichos
Paola Vezzani, participante de la mesa original, destacó: “Hay que levantar proyectos y entender de dónde vienen estas ideas: no son caprichos, sino demandas ciudadanas. Cuando hay colaboración transversal, crece la confianza en que los proyectos responden a lo que la gente quiere”.
Para empresarios, esto valida inversión: saber que un corredor comercial propuesto tiene respaldo comunitario reduce riesgo de rechazo vecinal o cambios regulatorios imprevistos.
Patricio Donoso, presidente de Corporación Ciudades, señaló que el ejercicio aporta “insumos que suman al proceso actual de elaboración del nuevo PRC”, herramienta que definirá oportunidades comerciales de la próxima década.
