Estudio afirma que 1 de cada 3 emprendedores podría arriesgar altas sanciones por utilizar marcas registradas

• Multas de hasta 100 millones de pesos e incluso penas de reclusión podrían ser las consecuencias de uso no autorizado o falsificación de una marca registrada.

La ley 21.355 que establece nuevas penas por la falsificación de marcas registradas para la comercialización de los mismos productos o servicios. En concreto, la nueva ley que modifica la normativa vigente de Propiedad Industrial dispone penas de reclusión menor en su grado mínimo a medio, es decir, hasta tres años de cárcel. Lo cual se suma a las multas ya establecidas por la ley actual respecto del uso no autorizado de marcas registradas, que pueden llegar hasta los 100 millones de pesos.

En suma, el registro de una marca otorga el derecho exclusivo de impedir que terceros usen en el comercio signos, palabras o sonidos similares que puedan generar una confusión en los consumidores al momento de elegir entre uno u otro producto o servicio.

Por esto es fundamental estar seguro que un emprendimiento utilice una marca que no sea similar ni suene parecida a alguna que ya se encuentre registrada por otro. Por su parte, el buscador de marcas registradas existente de INAPI solo entrega resultados literales a sus consultas.

Bajo este contexto, de acuerdo con un estudio realizado en base a 5.000 búsquedas dentro del sitio Simplemarcas.cl, el 37,5% de ellas presenta similitudes importantes con marcas ya registradas, es decir aproximadamente 1 de cada 3 marcas que estaría operando en el mercado, lo hace con marcas que ya tienen otro dueño.

“Estar bien informados podría ayudar a tomar a tiempo las acciones correspondientes, ya sea proteger su marca registrándola o cambiarla antes de seguir invirtiendo en un bien que puede ya pertenecer a otra persona”, comenta Alejandra Pimentel, Directora de Simplemarcas.cl, primera startup chilena que busca una solución a este tipo de complicaciones de manera digital.

La nueva ley estará vigente desde la publicación de su reglamento respectivo, el cual cuenta con un plazo de 6 meses desde su fecha de publicación en el Diario Oficial.